La semana pasada dos de las características más perversas de la justicia argentina salieron a la luz. El lunes el Poder Judicial sacó a relucir su chapa de patriarcal cuando decidió absolver a los tres violadores y femicidas de Lucia Pérez. El pasado miércoles 28 de noviembre, los cordobeses asistimos una vez más a la confirmación de que esa justicia es, además, clasista. Y es porque Martín Murúa, el asesino de Lucas Rudzicz, recibió la cómoda sentencia de 2 años de prisión condicional.
Vanesa, su hermana, nos contó quien es Lucas: “él era un chico muy divertido y cariñoso que amaba los autos. Desde chiquito quería ser camionero como sus tíos y su abuelo. Era hincha de Talleres, el 9 del club La Unión de nuestro barrio, Malvinas Argentinas, y, para nosotros, un jugadorazo. Era un pibe lleno de dignidad y esperanzas”.
Faltando pocas semanas para cumplir 14 años, Lucas participaba activamente en Casa Puente, un espacio destinado a ayudar a pibes y adultos con consumo problemático y en situación de calle.
El 22 de diciembre de 2016, se chocó de frente con la intolerancia y la falta de humanidad de Martín Murúa, el custodio del cura Oberlin, el “Chocobar cordobés” como lo caracterizara, Carlos Orzacoa, abogado querellante de la familia Rudzicz. Con presunciones de que estaba atrapando a un «ladrón», Murúa sintió que ese viernes era el momento de cumplir con su vocación. Y disparó. Como si no fuera suficiente el primer impacto en la nuca, el policía remató con otra bala cerca del cuello.
Después de incansables movilizaciones, de viajar hasta Santa María de Punilla para visibilizar que Murúa, a pesar de haber asesinado a Lucas, gozaba de su libertad y de golpear innumerables puertas, se logró que la causa se eleve a juicio. Casi dos años después del asesinato, la primera audiencia de ese juicio se concretó el lunes 26 de noviembre. La carátula por la que se juzgaba a Murua es «Homicidio culposo», es decir, homicidio con exceso en la legítima defensa. ¿Qué defensa? Aún desconocemos. Se alegó un enfrentamiento a tiros que nadie vio ni presenció. No hay testigo alguno que haya visualizado a este pibe de 13 años como un peligro a exterminar.
Para dictarle sentencia al imputado, bastaron solo tres días. Uno para la lectura de la causa, otro para que presten testimonios algunas personas y el último para dar sentencia.
Es este, el último día, en el que debemos detenernos. Porque sí, en los tres días fueron irregulares las formas en que se le permitió entrar a los familiares a la sala donde tenían lugar las audiencias. Pero, el día de la sentencia, demostró que todo ese proceso judicial no se estaba llevando adelante para dictar una condena justa al asesino de un pibe de 13 años. Y, una vez más, las fuerzas de seguridad fueron protagonistas.
A Vanesa, hermana de Lucas y quien llevó adelante la lucha, solo la dejaron entrar unos minutos mientras se leían los alegatos. Luego de que salió de la sala junto con todos los que se encontraban dentro para el cuarto intermedio, ya no pudo entrar más. Es decir, no pudo escuchar la lectura del veredicto. “Dos años” le dijo alguien en lenguaje de señas. Por supuesto que esto causó indignación en ella. Infantería actuó según su protocolo de la indignidad: “cuando quise entrar para recibir a mi mamá y mis hermanas, cinco policías de infantería me agarraron de atrás, me rasguñaron, me acogotaron, me manosearon. Ahora tengo las piernas moradas y no puedo pisar porque me duelen todos los pies”, cuenta la hermana de Lucas.
Afuera, la situación no fue diferente: la indignación de amigos, familiares y organizaciones sociales fue reprimida. Una vez que nos dispersamos, y a varias cuadras ya de Tribunales II, la policía se llevó detenidos arbitrariamente a dos compañeros que regresaban a sus casas. “Esas detenciones no fueron casualidad. Luego de lograr separar nuestra columna en dos, salieron a cazar a quien encontraran primero. Que fueron estos dos compañeros que se los llevaron. Los golpearon y les han hecho un montón de cosas horribles. Los tuvieron encerrados más de 48 horas por un delito que no cometieron. Eso los jueces y los fiscales no lo ven”, dice Vanesa.
Una vez más el Poder Judicial y el aparato represivo del Estado, demostraron que, lejos de estar al servicio de todos los que vivimos en esta ciudad, funcionan para legitimar la exclusión, la matanza de los pibes de nuestros barrios y vulnerar nuestros derechos.
Vanesa nos cuenta que, “esta institución está podrida, por robar un celular te condenan a 5 años de prisión, pero si matas a un niño por la espalda te dan dos años de libertad condicional. Lo vimos todos, fue un circo armado”. Aclaró que, por más que haya terminado el juicio, continuaran con las apelaciones para que sean escuchados los reclamos de la familia: “Voy a sacar fuerzas de donde no tengo y voy a seguir porque esto no quedó ahí, esto sigue. Mi vieja está re mal, mis hermanos también. Todos estamos destruidos porque no esperábamos dos años, esperábamos que los jueces sean más piadosos, viendo llorar a una madre, una familia que perdió a Lucas. Y que hubiesen llamado a los testigos que presentamos, porque ignoraron parte de nuestra querella. Pero la lucha sigue, porque no vamos a parar hasta que haya una condena efectiva”.
