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El domingo 4 de noviembre se le reventó una vena del pie a Teodolinda Cárdenas, una vecina del barrio Rodrigo Bueno, de 69 años, que sufre de un problema de várices. Como en el barrio no hay ningún Centro de Salud y Acción Comunitaria, llamaron más de diez veces al SAME durante una hora y media. Algunos llamados fueron contestados; en ellos, aseguraban a los familiares que la ambulancia llegaría en menos de quince minutos, y otros directamente eran cortados al escuchar los reclamos, hasta que apareció un vehículo con las sirenas apagadas. No conformes con haber tardado tanto, una vez llegada al hospital con su hermana Carmen Cárdenas, quedaron encerradas otros 20 minutos dentro de la ambulancia, en lo que parece un desafío al absurdo y al sentido de emergencia. ¡Por supuesto, ante esto no hubo ninguna explicación!

 

Más de dos horas pasaron desde del primer llamado a emergencias hasta que atendieron a Teodolinda, cuya hemorragia afortunadamente no fue tan grave como para generar mayores complicaciones. En el hospital, la atención se limitó a ponerle una venda y decirle que volviera a los dos días para hacerse un control. No se preocuparon siquiera en otorgarle una solución para el transporte de vuelta o en comenzar los trámites necesarios para que le entregaran una silla de ruedas, ya que no puede caminar. Así es que retornó a su casa en un taxi.

 

 

El miércoles volvió para hacerse el control, con la esperanza de que la atención fuera distinta a la primera vez, sin embargo, regresó a su casa de la misma forma en la que había ido: ni siquiera le limpiaron la herida. A una semana de la votación del Presupuesto 2019, queda claro: mientras que el monto destinado para los servicios de defensa y «seguridad» aumenta, la salud pública no es una prioridad. ¡No representa ni el 4% del total!

 

No es la primera vez que la “atención médica de emergencia” incumple con su función. Esta vez por suerte no terminó en una tragedia como la de Gastón, un pibe de 13 años, que en 2015 murió luego de haber caído a un pozo ciego, y que la ambulancia tardara 40 minutos en llegar al barrio para auxiliarlo. Afortunadamente hoy, Teodolinda se encuentra haciendo reposo en su casa, pudiendo contarnos su historia.

El panorama es negro: en el barrio no existe una sala de primeros auxilios para que cualquier vecina o vecino pueda llegar a tratarse en caso de sufrir algún accidente. Según los últimos planos presentados por el IVC, tampoco está definida en el proyecto de urbanización la construcción de una, y como si fuera poco, menos aún se da esta discusión en las mesas de gestión participativa. El rol y la obligación del Estado es el de garantizar los derechos básicos de todas las personas, sobre todo cuando se trata de la salud. Cuando determinadas situaciones se repiten, dejan de ser “accidentes”. Entonces no se puede hablar de errores involuntarios: sino de firmes decisiones que conforman una política de Estado.

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