29 noviembre, 2018
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Hecha la ley, la trampa protegida

En la localidad de Ledesma, provincia de Jujuy, se encuentra el área protegida llamada «Parque Nacional Calilegua», cedida por la empresa Ledesma S.A.A.I. durante la dictadura militar. Son 76 mil hectáreas entregadas para mantener servicios al aparato genocida dirigido por la Junta Militar, al mismo tiempo que generar una «buena» opinión pública sobre la familia Blaquier-Arrieta, dueños de la empresa.

 

 

El área protegida, compuesta por varios cursos de agua dulce, arroyos, y ríos, como el San Lorenzo, Ledesma, y San Francisco, se encuentra amenazada por un emprendimiento agroindustrial de monocultivos, la tala, y emprendimientos hidrocarburíferos, como el Yacimiento Caimancito, concesionado actualmente a la empresa «Petro Ap».

 

 

Moisés Ramón, trabajador del Parque y vocero de la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional, señaló que “el responsable de esto es Eugenio Bread, el Director de la Administración de Parque Nacionales, y por supuesto el Gobierno de la Provincia de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, que legitima el convenio a favor de sus propios intereses económicos».

 

 

Este pacto afecta en su totalidad al parque Calilegua, regulado por la ley nacional número 22.351, que prohíbe «la explotación agropecuaria, forestal y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales». Moisés expresa que «el reclamo apunta a que las autoridades del Parque Nacional no cedan a su dominio, ya que tienen la potestad de hacerlo».

 

 

Ni los intereses del Gobernador, ni la ambición de las empresas, van a ponernos de rodillas.

 

 

El Calilegua es nuestro patrimonio, por eso se defiende.

 

 

¡Cueste lo que cueste!

 

 

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