En noviembre de 2015 fueron despedidas ocho trabajadoras de limpieza que prestaban servicio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de General Roca. Habían sido contratadas por la empresa santafesina Litoral Clean, la cual se fue de la ciudad adeudando 3 meses de sueldo. Pasado un mes y medio de lucha consiguieron seguir trabajando en una cooperativa, pero a fines de noviembre de 2016 terminó con su contrato. La precarización e inestabilidad laboral de las ocho compañeras no terminó ahí. Trabajaron en negro para la universidad hasta el 10 de abril de este año, cuando fueron despedidas por la casa de altos estudios. Frente a esta situación, decidieron tomar de forma pacífica el decanato de la FaDeCS recibiendo el apoyo de cierta parte del estudiantado.
Esta lucha lleva más de 150 días y aún no hay respuestas para la reincorporación a sus puestos laborales. Por el contrario, se agravó la situación con el procesamiento que dictó el juez Greca por delito de coacción agravada y usurpación.
El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) acompañó desde un principio el conflicto.»Luchamos por una vida digna, por el trabajo. Su reclamo nos permitió identificar que en la universidad se terceriza el trabajo, se desvaloriza y se vulneran los derechos laborales. Lo que es un delito para ellos, para nosotros es un reclamo. Las decisiones que está tomando el juez Greca van a quedar en la historia, ya que carecen de ética social e implicaron el ingreso de la policía federal a la Universidad Nacional del Comahue. Hay responsabilidad política del juez pero también de las autoridades de la facultad, tanto del rector Crisafulli, el decano Carlos Pescader y el nuevo decano Ponce de León. Estos plantean que no tienen nada que ver porque es un conflicto entre privados, es decir entre las trabajadoras y la empresa Litoral Clean, pero son cómplices de avalar que esto ocurra», denunció Ángel García, militante del FOL.
La situación judicial de las trabajadoras en lucha se complejiza. Así lo describió Claudia Reyes, trabajadora de Limpieza UNCO, «declare en el marco de una causa penal que nos iniciaron a mí y a 5 trabajadoras de limpieza por formar parte de la comunidad universitaria que acompaña la lucha. Además de la causa, se dictó un embargo a cada uno de nosotros por la suma de $10.000 y el desalojo de las trabajadoras que están tomando el decanato. Para nosotros es una situación muy grave que pone en riesgo la autonomía universitaria y acentúa la criminalización de la protesta, esto no solamente tiene implicancias políticas para las personas procesadas sino que es un precedente para las y los trabajadores procesados. Todo esto me parece que es parte de un contexto de avances represivos donde vemos que a los trabajadores de Pepsico los reprimieron, vemos como se reprimió la lucha mapuche en el sur, el encarcelamiento de Facundo Huala y la desaparición de Santiago Maldonado. Es un contexto muy complejo y consideramos que todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales tienen que estar a la cabeza poniendo límites a cada avance que pretende dar la justicia».
