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Resistencia al desalojo



 

 

En Tucumán, el déficit habitacional afecta a más de cien mil familias y muchas veces algunas de ellas se ven obligadas a tomar terrenos que durante décadas estuvieron abandonados. No es un capricho, como sostienen algunos meritócratas, es la única solución que encuentran para sobrevivir a las inundaciones y el hacinamiento.

 

 

Hace dos meses que en San Miguel de Tucumán, 17 familias del Barrio Villa Urquiza, sostenidas en su mayoría por mujeres, tomaron un predio que pertenece al Instituto Provincial de Viviendas y Desarrollo Urbano (IPVDU), ubicado en la esquina de las calles Méjico y San Miguel, en la zona de la Diagonal Alejandro Heredia. Habían tomado esa decisión porque vivían en condiciones desesperantes y estaban hartas de que el gobierno provincial, a cargo de Juan Manzur, esquivara el problema habitacional y se negara a brindar una solución integral.

 

 

Durante la madrugada del 1 de abril, un cuerpo de infantería y caballería de la policía tucumana, al mando de Teófilo Rodríguez, Jefe del Centro de Operaciones de la Regional Capital, decidió entrar al predio sin orden judicial, para exigir el desalojo del terreno, amedrentando a todas las familias y asustando a los niños y niñas que se encontraban durmiendo.

 

 

Durante seis horas esperaron la orden de desalojo por parte de la fiscal de Instrucción Nº 8, Adriana Giannoni, pero como el requerimiento judicial nunca existió, los efectivos decidieron retirarse.

 

 

«En medio del frío y la lluvia, a las cuatro de la mañana, nos despertamos con ruidos extraños. Salimos asustadas a ver qué pasaba y eran más de veinte efectivos de la policía, que casi no se los veía en la oscuridad”, relató Analía, una de las vecinas que sufrió en carne propia la falta de respuestas de las autoridades del gobierno de Tucumán.

 

 

Por su parte, Mailín, también vecina del barrio, trató de dialogar con el Jefe del Operativo, Teófilo Rodríguez para explicarle su postura: “No me voy a mover de aquí porque, como muchos de nosotros, no tengo a donde ir. A duras penas consigo para darles de comer a mis hijos. Queremos que los gobernantes nos reciban y escuchen nuestro pedido, no queremos robarle nada a nadie”, dijo.

 

Son 17 familias que continúan resistiendo a un desalojo ilegal en el barrio Villa Urquiza, donde el gobierno provincial en vez de hacerse cargo, responde con hostigamiento y violencia a través de las fuerzas de seguridad que se manejan con total impunidad.

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