4 mayo, 2016
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El Estado es machista: el caso Belén

«Cosas que pasan»… dirán algunos. Pero «esas cosas» sólo le pasan a la porción de la sociedad que no tiene para pagar una asistencia privada. ¿Y el resto? A curtirnos, a aguantar lo que nos toca.

El 21 de marzo del 2014, a las 3:50 de la madrugada, Belén llegó a la Guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda, en San Miguel de Tucumán, buscando asistencia sanitaria por dolores abdominales. Allí, en lugar de contención, sufrió violencia obstétrica: cuando los médicos se encontraron con un cuadro de aborto espontáneo, comenzaron a maltratarla verbalmente. Más aún: una de las enfermeras la interrogó si ella misma se había producido el aborto.

Minutos después, la jefa de parto fue con una agente hacia los baños, en búsqueda de un feto que se hallaba en el piso, persiguiendo la pista que creyeron explicaría la grave situación de Belén, y confirmaría la teoría del aborto inducido.

Al día siguiente, a las 8 de la mañana Belén estaba con custodia policial, y a las 12:45 fue detenida por prisión preventiva. Desde que ingresó al hospital por aborto espontáneo, nunca más recuperó su libertad. Su abogada no pudo descriminalizarla, ni desculpabilizarla. Al contrario: no creía en su defendida, porque para ella había motivos suficientes para creer que había abortado inducidamente, y luego abandonado el feto en el baño.

Luego de dos años, Belén declaró ante los jueces: “Un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía que ‘no era mío’ y me contestaba ‘mirá, este es tu hijo’”. También contó que cuando despertó del legrado, en su cama de la sala 5, estaba rodeada por varios policías que le inspeccionaban sus partes íntimas. 

El pasado 18 de abril Belén fue condenada a ochos años de prisión por homicidio agravado por el vínculo y alevosía por los integrantes de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas. Ayer, en medio de la jornada para pedir la liberación de Belén, a la cual fueron convocadas las organizaciones sociales y la sociedad en general, habló Soledad Deza, abogada que actualmente lleva el caso por parte de la defensa. “Pedimos el cese de la prisión preventiva porque la detención no está fundamentada. Y, sobre todo, porque no hubo pruebas contundentes en la causa que demuestren la culpabilidad de Belén”.

Vicky Disatnik, referente de la Casa de las Mujeres Norma Nassif, también se tomó un tiempo para hablar con La Garganta. “En Belén se concentran las cosas que les pasan a las mujeres jóvenes y pobres que concurren a un hospital con un aborto en curso, y son condenadas por la moral, no por la Justicia”. Y enfatizó: “Miles de jóvenes que miran este caso no van a ir a un hospital, porque preferirán morir antes que ir a la cárcel”. Por último, remarcó que en este caso no es el aborto lo que está en discusión en una primera instancia, sino que “la causa aquí es denunciar al sistema de salud que se comportó de la peor manera, concentrando la ignominia del sistema judicial y del gobierno de Tucumán, que ni siquiera tiene aprobada la ley de salud sexual y reproductiva, siendo la única provincia del país que no la tiene aprobada”.

A las doce del mediodía estaba pensada la lectura de los fundamentos, pero Belén pidió que no sean leídos en público por miedo a que no se garantice el resguardo de su identidad. 

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